Extorsiones a diputados federales

Suspenden la sesión en la Cámara ante las llamadas

El Universal

Al menos 25 diputados federales del PAN recibieron llamadas a sus teléfonos celulares, en las que se les exigían fuertes cantidades de dinero a cambio de la libertad de un familiar presuntamente secuestrado. Esto obligó a Ruth Zavaleta (PRD), presidenta de la Cámara de Diputados a suspender la sesión.

La ola de intentos de extorsión inició con la diputada federal del PAN Mirna Rincón, de Baja California, a quien le pusieron por teléfono la voz de un menor —supuestamente su hijo— quien lloraba y pedía auxilio al haber sido secuestrado. La diputada se desvaneció y cayó al piso del salón de plenos. Le exigían 20 mil dólares para liberarlo, precio que estuvo dispuesta a pagar.
Al tratar salir de la Cámara de Diputados para entregar el dinero, una colega la detuvo para decirle que la llamada era falsa, ya que había conversado con su familia y que sus hijos no corrían peligro.

Fuentes de la Cámara revelaron que se puso sobre la mesa la posibilidad de que haya un “enlace” dentro de la fracción panista que filtró la base de datos telefónica, así como datos personales, por lo que tanto la PGR como la Dirección de Resguardo de San Lázaro investigarán al personal que ahí labora.

La directora de la oficina Antisecuestros de la PGR, Nicandra Castro, acudió a San Lázaro para conocer las denuncias. La funcionaria del MP federal recabó la declaración de nueve diputados, ya que otros cinco dijeron que tenían conocimiento de este tipo de extorsiones y cortaron la comunicación. En este caso sólo fueron levantadas constancias.

Tras de tomar las declaraciones, la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizadade inició una averiguación previa por tentativa de extorsión a 14 diputados del PAN.
Las declaraciones dieron cuenta de que las extorsiones se produjeron en un lapso de casi 15 horas. La primera llamada a un diputado se registró a las 19:30 horas del 26 de noviembre y la última la tarde del día 27.

Luego de declarar ante la PGR, la diputada Mirna Rincón salió de las oficinas del PAN escoltada por personal de seguridad de la bancada; hubo otros legisladores que pidieron también una escolta para trasladarse a sus casas y hoteles.

Los números telefónicos desde los que hablaron a los legisladores del PAN fueron el 55 28 82 86 48 (un celular) y el 18 34 45 86 (un nextel).

Al hacer una llamada al número 55 28 82 86 48, el sujeto que intentó extorsionar a los legisladores dijo primero que se hicieron llamadas “al azar”. Empero, los números telefónicos son secuenciales y sólo cambian los dos últimos dígitos.

El número 18 34 45 86 aparece en dos ocasiones en el listado de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que exhibe los teléfonos relacionados con ese delito en la capital y en diferentes estados. El número aparece en la lista en el lugar número 19 relacionado con una extorsión el pasado 28 de junio del 2006.

Ese mismo número está registrado en el lugar número 68 en un segundo caso de extorsión denunciado el 13 de agosto de 2007. El Nextel 18 34 45 86 desde julio fue reportado y el 1 de noviembre la SSP lo puso en la lista.
El gobierno del Distrito Federal tiene identificados a 14 grupos que se dedican a este tipo de extorsión.

De acuerdo con funcionarios capitalinos, el perfil de la mayoría oscila entre los 25 y 31 años de edad, y cada semana cambian el modus operandi.
Las llamadas se convirtieron en una ola de sicosis entre legisladores. La situación se salió de control desde el momento en que se tuvo sospechas de si los delincuentes estaban adentro de la Cámara, pues describieron a las víctimas su vestimenta.
En punto de las 14 horas, Ruth Zavaleta reveló desde la tribuna la ola de llamadas a legisladores, por lo que propuso suspender la sesión.

“Voy a mencionar algo que quizá va a ser delicado desde este micrófono, pero tengo que hacerlo, hay algunos individuos haciéndoles llamadas para extorsionar a algunos diputados, argumentando que tienen secuestradas a sus familias, por lo cual, compañeros, les solicito, les pido que tomen las previsiones necesarias.

“Seguramente seguirán hablándoles; toda vez que estas personas se presume que están aquí con nosotros, pues dan las señas de la ropa de los compañeros (…) Me apena, pero tengo que hacerlo así, porque está fuera de control este asunto”, dijo.

El diputado Jesús Flores Morfín relató que recibió la llamada poco antes de las dos de la tarde en su oficina. Como le exigieron no colgar, escribió en un pizarrón frente a su secretaria, que lo extorsionaban en ese momento y pidió localizar a su hija.

Mientras él negociaba, ganaba tiempo. Cuando confirmó que era una llamada falsa, colgó.
El diputado Pedro Pulido aseguró ante sus compañeros que la voz que escuchó del otro lado de la línea “era la de su hijo”, y el diputado Arturo Flores Grande viajaba acompañado de su compañero de bancada, Alfonso Bello, cuando recibió la llamada de extorsión.

Tras escuchar el grito de un supuesto hijo colgó, al minuto sonó el teléfono de Bello, por lo que dedujeron que se trató de un chantaje, e incluso grabaron al sujeto. (Con información de Icela Lagunas)

Ubican a dueño de celular de plagios

Le abonó $3,500 en una semana

Uno de los teléfonos desde los cuales se realizaron intentos de extorsión a diputados panistas fue contratado por quien dijo llamarse Omar Castillo López, con domicilio en la unidad habitacional Miguel Hidalgo, en Azcapotzalco, según la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
El número 044 55 18 34 45 86 corresponde “seguramente a un celular robado”, dijo en entrevista el jefe de la policía preventiva, Joel Ortega.

En una visita a la dirección citada, los residentes del domicilio aseguraron que Castillo López no vive en el lugar y no lo conocen.
Datos sobre el teléfono refieren que el usuario del aparato realizó 7 mil 562 llamadas en dos meses y abonó 3 mil 500 pesos del 20 al 26 de noviembre.

En la Cámara, con el fin de evitar más amenazas, la bancada panista informó que cambiará los números telefónicos de sus diputados.
La Mesa Directiva descartó un operativo especial tras el hecho. Luego de las declaraciones de legisladores y por la mecánica de las llamadas, la principal hipótesis de la Procuraduría General de la República es que los integrantes de la banda ignoraban a quiénes telefoneaban.