Si defiendes lo que es tuyo, eres necio. Si no lo haces eres tonto.
Así suelen educarnos y así solemos educar en nuestro entorno. Incluso hemos acuñado los mexicanos una frase que nos describe a la perfección: “el que no es transa no avanza”. Nada más absurdo y cruel, pero en ocasiones, nada más real.
Esta semana, la primera del cambio de administración en Tepa, vimos desfilar en el palacio municipal a algunos distinguidos panistas que durante algunos de los 15 años anteriores formaron parte de la burocracia, bajo los principios dogmáticos panistas del “bien común”.
Nada tendría de raro ver a esas personas en el edificio de presidencia (ahí estuvieron más de una década). Lo extraño son los motivos que ahora les tenían en las afueras de las oficinas municipales: su liquidación.
Aunque la lista podría cambiar, porque en el camino pueden desistir, pueden negociar o pueden sumarse más a la intención de cobrarle al pueblo sus derechos laborales vía la administración pública, aquí le compartimos unos cuantos nombres de exfuncionarios que han pedido que, en justo apego a la legislación laboral vigente, les garanticen sus prerrogativas al no ser considerados en la nueva administración pública:
La lista –compartida en anónimo-, es enunciativa, mas no limitativa: José Isabel Sánchez, Moisés Valencia, Norberto Venegas, Sergio Hernández Murillo, Gustavo Gutiérrez Becerra, Héctor Navarro, José Pablo Gutiérrez, Justo Plascencia, Mario Iñiguez, Olegario (de Recaudación), Blanca Villaseñor, José Manuel Tamanaja, René Ramos y Carmen Orozco.
Todos ellos funcionarios de primer nivel que fueron conocidos (y ahora se conocen más) que están “negociando” el pago de 3 meses de sueldo, primas vacacionales, 20 días de sueldo por cada año laborado, entre otros beneficios que les otorgaría la Ley laboral.
Con razón o sin ella; con la ley o sin ella, los que reclaman sus derechos están siendo ya sometidos al índice de fuego del pueblo. Les lloverán críticas, les sobrarán referencias.
Lo cierto es que es un tema demasiado polémico: tienen derechos como extrabajadores, pero eran trabajadores de confianza y tenían conciencia de que era el trabajo temporal. ¿O cobraron cada que terminó una administración?
Este tema puede ser uno de los más polémicos, porque tiene repercusiones políticas y partidistas; dicen los juristas: “están sentando precedente”, uno al que debemos acostumbrarnos (?) con el retorno de la alternancia electoral y de la “democracia”.
Hace tres años, cuando iniciaba la administración del Profe Raúl (Ah, cuánto se reclama en tu nombre Profe!), recuerdo que a los entrantes funcionarios se nos hizo firmar, en oficina de la Oficialía Mayor Administrativa, (oficina de Arturo Pérez Martínez), una renuncia “voluntaria”, para no tener problemas (sic). Para quienes no entendíamos eso de la función pública, pues nos pareció correcto. Algunos lo vieron innecesario porque “es lógico que venimos por tres años”, pero ahora, con el cambio de partido en el poder, lo lógico ya no les es tanto, ahora se pelean derechos. ¿Correcto, incorrecto?, ¿Moral, inmoral?, ¿Necesario, innecesario?
Los acuerdos y los juicios laborales o de despido se van a dar. Son un hecho, forman parte de cualquier administración (pública o privada). No se trata de cuestionar la legalidad o la justicia. Aquí el punto es la congruencia. Aquí el tema es la moral.
Aquí es la doctrina o la filosofía bajo la cual han sido educados o formados cívicamente nuestros servidores públicos, quienes parecen aplicar dos ópticas a la vida: cuando deben hacer lo que pueden (siendo funcionarios) y cuando piden que los demás hagan lo que la ley les obliga.
Al margen de su cheque. Si lo reciben o no. Si lo merecen o no. Si les corresponde o no. El tema de la semana es el Derecho.
Y de eso hablamos… ¿son derechos?
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