Casi 5 millones de dólares
• Estudio internacional de El Zapotillo es solo para decir que no hay bronca con el agua
• Opositores al proyecto advierten que se trata de una trampa y están preocupados
7 días.- Activistas que se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo en Cañadas de Obregón y además se niegan a que los pueblos de Temacapulín, Palmarejo y Acasico sean inundados y su gente desplazada, desconfían del estudio que está haciendo la ONU sobre la cuenca del Río Verde, asegurando que será un análisis a modo que valide las intenciones del gobierno para poder seguir edificando el embalse.
En días pasados, un grupo de especialistas de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) estuvo en Tepatitlán, para dar algunos avances del estudio que están realizando sobre el Río Verde desde finales de 2015, por encargo del gobierno estatal y que pretende mostrar si la presa afectará de alguna forma el balance hídrico de la región y los probables impactos sociales, ambientales y económicos sobre la zona.
El trabajo contratado podría costar al gobierno estatal casi 5 millones de dólares, aunque los de la UNOPS dijeron que parte de lo invertido pasará a formar parte del patrimonio de Jalisco una vez que concluya el estudio y que los resultados -se planea mostrarlos en abril de 2017- no significarán que las autoridades forzosamente harán caso de ellos.
Al saber esto y por separado, defensores del agua de Los Altos y de los poblados que van a inundarse, coincidieron en mostrarse desconfiados del estudio y piensan que solo se trata de un ejercicio a modo, que permita al gobierno elevar la cortina de la presa de 80 a 105 metros de altura y con eso sepultar totalmente varios poblados y dejar sin líquido a los productores alteños.
Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable Asociación Civil (CONREDES AC) y que desde un principio se ha opuesto al embalse al argumentar que en Los Altos hay poca agua y encima se la quieren llevar a León, al enterarse del estudio de la UNOPS descalificó el mismo, asegurando que se trata de una herramienta que el gobierno usará para seguir construyendo la presa.
Márquez Gutiérrez explicó que la suspensión dictada por un juez para que la cortina quede en 80 metros de altura y no en 105, podría destrabarse legalmente si las autoridades reponen el proceso para que así suceda.
En 2005 se firmó un acuerdo para que la presa quedara en 80 metros y en 2007 se firmó otro para elevarlo a 105, pero diputados locales alegaron la inconstitucionalidad del acuerdo y en base a eso la Corte ordenó que los trabajos se detuvieran, pero bastaría con reponer el proceso y firmar un nuevo acuerdo y esta vez con todos los requisitos legales.
Para el de CONREDES el estudio de la UNOPS daría pie al gobierno para solicitar que se eleve la cortina de la presa a 105 metros.
Por su parte Guadalupe Espinoza Sauceda, abogado defensor de un grupo de habitantes de Temacapulín y uno de los impulsores de la organización Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, también dijo tener sus dudas del estudio internacional.
Espinoza Sauceda señaló que la cantidad exagerada de dinero que costará el análisis (casi 100 millones de pesos) es lo que le costará al gobierno validar su pretensión de elevar la cortina de la presa con un dictamen de la ONU.
El abogado basa su dicho en un estudio similar que hizo hace poco el el paraestatal Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA), que solo costó 5 millones de pesos y que determinó que sí había un impacto negativo si se construye la presa.
Y en cuanto a lo dicho por la UNOPS que la suspensión judicial que está vigente sobre la obra y que se debe a que ya no hay recursos para ello, Guadalupe Espinoza lo calificó como un desconocimiento del tema por parte de los especialistas, asegurando que quien dijo eso (Carlos Martín Angelaccio, jefe del grupo de investigadores internacionales) solo se encarga de cuestiones técnicas y no sabe nada de lo legal de la obra.
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