No hay de otra…
• Es ilegal cobrar por Carta de no Antecedentes Penales
Es ilegal el cobro, pero no hay manera de zafarse de él, pues el documento que se expide a cambio es requisito en muchas ocasiones para conseguir trabajo o para hacer algún trámite en alguna dependencia oficial.
El cobro de las cartas de policía y las constancias de no antecedentes penales, que cuestan 71 y 65 pesos respectivamente, de acuerdo con un ex trabajador del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es anticonstitucional si el ciudadano en cuestión no cuenta con un pasado delictivo, o si nunca ha pisado la cárcel.
Ignacio Pérez Martínez, abogado y perito criminalista que laboró varios años en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, explicó que de acuerdo con la Constitución, un ciudadano sin antecedentes criminales no debe pagar al mismo Estado por demostrarle que no cuenta con registro delictivo o de proceso o sentencia penal.
Tal cobro se ha “normalizado” y hasta oficial se ha hecho por un acuerdo entre las mismas autoridades, pero Pérez Martínez asegura que no es legal obligar al pago de la constancia.
El gobierno de Jalisco otorga la constancia de no antecedentes penales a través del Instituto Forense, el cual indica que el interesado no ha estado procesado ni sentenciado en su vida.
Por su parte los ayuntamientos otorgan la carta de policía, que informa si una persona ha estado o no detenida en las cárceles municipales.
Tales documentos son exigidos sobre todo en dependencias de gobierno de los tres niveles, para otorgar un empleo o como parte de algún otro trámite. También algunas empresas privadas lo piden.
En el caso del Forense, de acuerdo con el entrevistado, en todos estos años nunca se ha transparentado el destino de lo recaudado por las constancias de no antecedentes penales, por lo que es una incógnita el fin de ese dinero.
En el caso de las cartas de policía, el dinero que entra por este motivo está clasificado como una contribución por pago de derechos municipales.
Y respecto al caso de que en los documentos ya señalados aparezca que sí se tiene antecedentes penales aunque al final el caso haya sido sobreseído o resuelto a su favor, muchas empresas y organismos de gobierno aun así deciden no otorgar el servicio o el empleo a quien lo solicita.
En estos casos, de acuerdo con el ex funcionario, se puede solicitar ante un juez que ordene la destrucción de los documentos donde está registrado el proceso penal por el que pasó la persona, siempre y cuando no haya habido ningún delito o proceso pendiente, lo cual es complicado, tardado y más costoso.
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