El jueves vi una noticia que llamó mucho mi atención. Quizás porque el asunto de que se trataba coincide con lo que pienso acerca de la desventaja con la que enfrentan la policía y el Ejército a los criminales, especialmente a los narcotraficantes y secuestradores asesinos que matan indiscriminada y despiadadamente a sus víctimas, incluyendo a niños inocentes.
Decía la cabeza principal de la primera plana de Reforma: "Avalan en DF la Ley Fuga" e informaba la nota de que apenas se acaban de dar cuenta de que los policías están autorizados para disparar sus armas contra los delincuentes sin ser acusados por ello de homicidio, ni siquiera de abuso de la fuerza o de poder.
El 26 de febrero de este año -decía la nota- la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad la Ley que Regula el uso de la Fuerza de los Cuerpos Policiacos (misma que fue publicada en la Gaceta de la Ciudad el 22 de abril y entró en vigor al día siguiente), cuyo artículo 12 dice: "El policía sólo empleará armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia o para impedir su fuga".
Eso es todo. Si el policía está autorizado por la ley para dispararle a un delincuente en caso de peligro inminente de muerte, como el que representan los narcotraficantes y secuestradores asesinos que sin pensarlo dos veces disparan contra la policía, la cosa estará pareja, por lo menos legalmente ya que la diferencia de armamento y equipo de todo tipo le da superioridad y ventaja al crimen organizado.
En la persecución o enfrentamiento con ese tipo de delincuentes siempre habrá peligro inminente de muerte o por lo menos de lesiones graves, hacerles frente a los sicarios desalmados entrañará siempre una seria amenaza para la vida de los policías, y si la ley faculta a éstos para dispararles y matarlos pues por lo menos saben que no los van a meter a la acárcel por homicidio como sucede con alguna frecuencia, porque hasta ahora ocurre que el delincuente le dispara al policía, le da muerte y huye; pero si es el policía el que da de baja al maleante, entonces es procesado y muchas veces sentenciado por homicidio.
El Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal hizo recientemente un análisis de dicha ley, que concluye que dicho artículo 12 de la misma es un riesgo y que no está bien, "no se puede permitir eso", señala, "debiera quedar claro que el policía sólo puede usar su arma en legítima defensa". Pues sí, para los tiempos normales sí, cuando los agentes del orden se enfrentaban sólo a raterillos de segunda, o de primera incluso en el caso de los asaltabancos por ejemplo, pero no para estos tiempos que corren en los que hay un sinnúmero de bandas de criminales y asesinos que matan casi por deporte y a cualquiera.
En el caso de Chihuahua, durante la reciente masacre ocurrida en la población de Creel al pie de la Sierra Tarahumara, donde una banda de narcotraficantes dio muerte a 14 personas, entre las víctimas había un maestro rural que traía en los brazos a su bebé de un año de nacido, el profesor cayó abatido por las balas pero cubrió con su cuerpo a la criatura que sobrevivió así a las primeras ráfagas de tiros, pero lloraba y se acercaron los asesinos y le dispararon al bebé para rematarlo.
Pregunto a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos: ¿a quienes hicieron tal cosa se les puede considerar seres humanos? Y pregunto también al Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia del DF, si los encuentra la policía ¿sólo podría dispararles en defensa propia?
En mi opinión -y creo que en la de muchos mexicanos que se dedican a trabajar y que viven atemorizados por ese tipo de delincuentes-, no merecen estos ni el juicio al que tiene derecho el ciudadano común, lo único que merecen es el exterminio sin miramientos.
"Pero eso sería la ley de la selva", me alegarán en contrario los defensores de los derechos humanos. ¿Y bajo cuál ley vivimos en estos momentos?, ¿acaso no bajo la ley del más fuerte, la de las armas, la sangre y el terror que siembra el crimen organizado? ¿No será éste el momento de un estado de excepción para frenar el baño de sangre que está padeciendo el país?
No sólo estoy de acuerdo con esa llamada "Ley Fuga" del Distrito Federal, sino que creo que los legisladores de otros estados deberían de promover una reforma legal parecida en sus entidades.
Porque la cosa está que arde. Ese mismo día se publicó que en lo que va del año ha habido 3 mil 15 ejecuciones en el país, un 32 por ciento más de las ocurridas durante todo el 2007 y faltan aún cuatro meses para que termine el 2008.
Por cierto se enlistaba a los estados de acuerdo al número de ejecuciones y se dice que en el que más ha habido es en Chihuahua con 986, le siguen Sinaloa con 397, en el Estado de México 215, Baja California 197, Guerrero 171, Durango 149, Michoacán 145 y el Distrito Federal 105. Jalisco está en el décimo lugar con 93 ejecuciones. Colima y Tlaxcala ocupan el penúltimo sitio con solo una, y Baja California Sur el último porque ahí no ha ocurrido ninguna.
Según este recuento de Reforma han sido ejecutados durante el presente año 2,840 hombres y 175 mujeres, incluyendo a 352 policías y a 20 militares; 367 han sido además torturados, 89 fueron decapitados, y junto a 181 cadáveres aparecieron mensajes de sus ejecutores.
¿No es tiempo aún de pagarles con la misma moneda?
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