Las reformas jurídicas, obstaculizadas por violencia

Por Ana Paula de la Torre

En diciembre de 2008, el Congreso de la unión dio un paso agigantado en materia de impartición de justicia en la nación. Mucho se ha debatido en México la implementación de juicios orales y las adecuaciones que nuestro sistema judicial necesita para que llegue a ser lo más cercano a sus objetivos: la impartición de justicia. 2008 fue el banderazo para la implementación de esta serie de reformas con un arranque definitivo en 2015 en todo el país.

En relación al tema, Chihuahua inició con capacitación de miembros de su sistema judicial para la implementación de las reformas necesarias, Chihuahua funcionaría como el estado que implementaría el programa piloto que ayudaría como instrumento de diagnóstico para que poco a poco con un lapso hasta 2015 las reformas terminaran de aplicarse en el resto del país.

La principal innovación que el sistema del judicial de la nación implementará entre otras será la introducción el desahogo de casos a través de juicios orales y mediante procesos simplificados, un juez conducirá las audiencias y presenciará la presentación de pruebas y alegatos de las partes implicadas, este programa es denominado "Programa Acusatorio" y a la fecha se le han invertido más de mil seiscientos millones de pesos.

En declaraciones recientes la Procuradora General de Justicia de Chihuahua Patricia Martínez Ramírez señaló que 100 personas fueron capacitadas para aplicar la reforma poco a poco en el estado, sin embargo sicarios de diversas organizaciones criminales han eliminado 98 personas de la Procuraduría; entre ellas policías investigadores, agentes del ministerio público y peritos especializados, además de 21 abogados, quienes todos ellos recibieron capacitación para aplicar las reformas.

La labor de las personas que fueron ejecutadas y que estaban dentro del grupo de funcionarios capacitados, sería agilizar 90% de los casos, que constituyen el universo de los delitos más comunes, como patrimoniales, robos y asaltos, para dejar espacio y tiempo a ilícitos de alto impacto, como el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, la extorsión, el lavado de dinero.

Desde inicios de la implementación del programa entre los objetivos finales se encuentran hasta hoy en día el inicio del abatimiento de la corrupción en los órganos de procuración de justicia, además de la gradual reducción de los niveles de impunidad y la despresurización de un sistema colapsado por todos los costados.

A pesar de que la violencia ha golpeado fuertemente el programa piloto en la entidad, es importantísimo que continúe aplicándose, si bien el hecho de que el experimento de iniciación a la reforma judicial se esté haciendo en uno de los estados con más índices de criminalidad en el país puede representar un obstáculo, es también cierto que puede representar un reto para comprobar la eficacia en la resolución de delitos graves y demostrar a nivel nacional que aún en las circunstancias más adversas, el nuevo sistema judicial mejorará la impartición de justicia que tanto necesita el país.