Y es que la inconstitucionalidad no es lo mismo que pecado...



Por Ana Paula de la Torre

Cuando crecemos, vivimos educados en el concepto de que la legalidad está del lado blanco, del lado de los buenos, "es lo que debe ser". A ciencia cierta podríamos pensar que la legalidad es sinónimo de justicia, o de lo más aproximado a justicia, pero en muchas ocasiones no es así. Es ahí donde sale a relucir el papel relevante del servidor público, en ocasiones, su voz y voto puede decidir asuntos cuya justicia va más allá de las leyes existentes.


En el momento en el que, en su IV informe de gobierno, el presidente anunció la transición de la televisión analógica a la digital y la apertura a 700 megahertz para dar nuevos espacios a compañías de telefonía celular , muchos (con sus dudas respecto a los procesos) aplaudieron la decisión.

El cambio implica que las televisoras (duopólicas en México, de no ser por uno que otro canal de cultura) tendrían que cambiar su formato de transmisión a digital.

Lo anterior implicaba que los mexicanos en sus casas tendrían que comprar una nueva televisión con recepción digital, o bien, adaptar la televisión vieja con un nuevo receptor que les permitiera ver las nuevas señales en sus viejos aparatos. Para lo anterior, el gobierno federal estaba dispuesto a a apoyar gratuitamente la entrega de esos aparatos receptores.

Miembros de los medios de comunicación alternos por ejemplo, veían una nueva oportunidad, después de casi setenta años de televisión por primera vez, los mexicanos en televisión abierta disfrutarían de una televisión con multiplicidad de canales, de toda variedad, los proveedores podrían ser múltiples, incluso televisoras extranjeras.
En México, por lo menos 27 millones de hogares cuentan con televisión, es de facto, el principal medio de información de los mexicanos.
Pero volvimos a los argumentos que nos esclavizan y no los discursos que nos liberan, y es que un grupo de senadores y diputados promovieron una controversia constitucional  argumentando que son  competencias de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y no del ejecutivo resolver decisiones en tal materia.
 
Algunos diputados, por supuesto del PRD, argumentaban que es una decisión con fines electoreros. Es evidente que la apertura a la pluralidad informativa y gratuita es un asunto completamente positivo para las sociedades democráticas.
 
Pero al parecer, en el cerebro de muchos legisladores no existe el bien común dentro de sus concepciones, sino simplemente buscar la forma de desacreditar cualquier decisión que pueda ser positiva para el país, por que obviamente resulta un asunto redituable electoralmente para quien la propone, pero eso es inevitable, y no es negativo, es un resultado natural y compañero de cualquier democracia...
 
Lamentable que por la falta de sentido del  bien común las cosas tengan que llegar hasta los tribunales federales, en donde el único argumento es legal, y en donde a veces, estos asuntos resueltos sólo tienen que ver con una norma en regla y no con asuntos de justicia y bienestar general. (En muchas ocasiones porque las normas no han sido adaptadas a las nuevas realidades presentes).


La ministra Olga Sánchez Cordero de la Suprema Corte de Justicia,  concluyó un aplazamiento y la detención de toda actividad para la transición digital como se había previsto; es terrible que por oposición pura, argumentos de legisladores perredistas y priistas caigan tan bajo como concluir que todo absolutamente todo, aunque sea positivo, es con fin electorero, con lo anterior solo demuestran de qué esta hecha su  dinámica de trabajo y  su lógica de pensamiento. El argumentar que algo tan positivo es anticonstitucional, es igual de bajo y despreciable.


En Estados Unidos la transición digital comenzó en 2009 con un plazo de seis años. 
Antes del decreto del Calderón se estipulaba que la transición digital concluiría hasta el 31 de diciembre de 2021, empezando a transitar desde 2015.
 Si la corte decidiera coartar por completo la iniciativa del presidente, tendríamos que esperar hasta 2015 para comenzar con una transición de seis años, algo lamentable, por la simple percepción de un grupo de opositores de corazón, de esos que se oponen sólo para que no haya un ganador.

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