Data de hace 42 años
• Le ganó un particular un juicio y deberá pagar varios millones que no tiene
Un pleito de 42 años terminó con una sentencia donde el municipio de Zapotlanejo debe pagar una cantidad millonaria por la omisión de acuerdo al otorgar un terreno.
Tema añejo
+ El asunto data de 1977 con un pleito entre el dueño de un terreno y el gobierno de Zapotlanejo por despojo de tierras.
+ En 1994, cuando era alcalde Sixto Apolo Cervantes, donó al demandante un terreno de 24 mil metros cuadrados con la promesa de urbanizarlo (es decir, autorizar los cambios de uso suelo, instalar red de drenaje y la habilitación de calles).
+ En la administración de Roberto Marín de 2004 a 2006, le fue quitado el terreno al particular, al que nunca se le habían entregado las escrituras y mucho menos urbanizar el terreno, y este terminó siendo un estadio de béisbol.
+ Cuando Héctor Álvarez fue presidente municipal en 2007, el particular exigió al ayuntamiento lo acordado en 1994 (urbanización), pero ante la falta de presupuesto que alegó el ayuntamiento no cumplieron con las peticiones en esa administración.
+ En los periodos de Juan José Jiménez y el Güero Pulido dejaron en el limbo el asunto, y fue hasta el 2017 cuando de nueva cuenta Héctor Álvarez fue presidente municipal, que el juez de primera instancia de Zapotlanejo, Alan Rafael Acosta, ordenó pagar la cantidad de 6 millones 534 mil 331 pesos con 25 centavos, para resarcir el daño por la falta de acuerdo de la urbanización.
Culminación
Ante la falta de pago, el juez ordenó la congelación de las cuentas bancarias del ayuntamiento, por lo que el jurídico del municipio interpuso un amparo. A su vez denunciaron al juez por la práctica en la que llevó el juicio para determinar la cantidad solicitada.
En este 2019 el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo, resolvió el amparo del año 2017, y sentenció que el ayuntamiento debe pagar al quejoso la cantidad de 6 millones 535 mil 331 pesos con 25 centavos. El plazo fue de 3 días a partir de la fecha de notificación que fue el 27 de febrero.
Ante la falta de recursos, el ayuntamiento solicitó al Congreso de Jalisco la autorización de una partida presupuestal para el pago de tal cantidad, ya que no cuenta con la solvencia para liquidar la deuda, que abarca el 20 por ciento del total del presupuesto destinado este año para obra pública.
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