Lo acusan de matar a su compadre
+ Les estorbaba a él y al secretario para
manejar el negocio ilegal de maquinitas
Guadalajara, Jal. 20 diciembre (Reforma).- El Alcalde de Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga fue desaforado esta madrugada por el Congreso del Estado, ante la petición de la Procuraduría Estatal de Justicia que lo acusa de homicidio, asociación delictuosa y abuso de autoridad.
Veinticuatro de los 25 diputados presentes con derecho a voto aprobaron la procedencia del juicio penal en contra de Vizcarra Mayorga, quien según el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dejó de ser alcalde al momento de la aprobación.
Los diputados del PRI, PAN y PRD autorizaron el desafuero, sólo el diputado de Nueva Alianza, Guadalupe Madera Godoy se abstuvo.
La sesión en la que se le quitó el fuero al Alcalde se alargó durante siete horas por la lectura de las conclusiones y los alegatos, que en conjunto sumaban más de 450 hojas.
Con la excusa de que no se le notificó personalmente, Vizcarra Mayorga no se presentó a la audiencia y en su lugar designó a su esposa Ana Delia García García como su representante personal, y al abogado Filiberto Ruiz Gómez como su representante legal.
Después de conocer el fallo del Congreso, la esposa del panista dejó el Palacio Legislativo sin hacer declaraciones. Antes del fallo, la madre del ex Presidente Municipal, Enedina Mayorga Ávila juntó a un grupo de manifestantes que se encontraba afuera del Palacio Legislativo, para rezar una oración que iluminara a los legisladores.
En el entorno de Vizcarra Mayorga reconocen que se encuentra ya en un lugar donde difícilmente será apresado.
La Procuraduría General de Justicia del Estado lo acusa de haber planeado y orquestado, junto con otras tres personas, el asesinato de Carlos Romo Guízar, quien se desempeñaba como director de Mejoramiento Urbano en el ayuntamiento de Tonalá y se hizo compadre de Vizcarra Mayorga una semana antes de morir.
Las investigaciones concluyeron que Romo Guízar fue asesinado porque estorbaba al Alcalde y al secretario general del Ayuntamiento, Ricardo Sigala Orozco, entre otros funcionarios, en el negocio que tenían para permitir trabajar máquinas tragamonedas sin permiso federal, dejando fuera al occiso, quien los habría amenazado con denunciarlos.
El panista ha negado con insistencia todas las acusaciones y asegurado que no participó en la reunión donde presuntamente se planeó el asesinato.
Vizcarra Mayorga cumpliría el 1 de enero un año en el cargo.
La Comisión de Responsabilidades del Congreso local aprobó el lunes pasado el dictamen que solicitaba a la Asamblea aprobar el desafuero de Vizcarra Mayorga.
De los 40 legisladores que integran el Poder Legislativo, sólo 27 estaban en posibilidad de votar el dictamen, ya que los 13 restantes forman parte de la Comisión Dictaminadora y debieron excusarse.
Se escuda en esposa
Debió haber rendido ayer el informe del DIF Tonalá, pero lo canceló. Había que estar hasta el final con la causa de su esposo. Así lo hizo. Dio la cara, la que Jorge Vizcarra Mayorga no presentó en el Congreso del Estado.
Ana Delia García, cónyuge del alcalde de Tonalá, mantuvo ayer el temple frente a la adversidad de una derrota anunciada.
Sí, ayer era su día de protagonismo, pero debía entregar cuentas en el DIF, no encabezar frente a las cámaras la resistencia de su esposo.
Vivió momentos difíciles. Sus problemas comenzaron en la banqueta del Congreso. García no podía entrar.
Los cuatro policías que resguardaban la entrada principal le marcaron el alto. Primero exigió, después casi en tono de súplica pidió el acceso: "Legítimamente soy la esposa", les dijo a los uniformados.
Celular en mano realizó varias llamadas. Buscaba entrar, pero también entregar en la oficialía de partes del Legislativo una "carta poder" en donde Vizcarra le otorgó amplias facultades para hablar en su nombre y defenderlo.
Su representación jamás fue ejecutada con insultos o desesperación. Recién entregó la carta, señaló que su esposo no había recibido una notificación personal ni citatorio para acudir ayer al Congreso.
No había duda en qué calidad llegaba, pero lo espetó a quienes le escuchaban, como para reafirmarlo: "Aquí estoy, estoy de pie. Estoy como su esposa, como la madre de sus cuatro hijos".
Sin titubear caminó rumbo al recinto legislativo, donde se realizaría la sesión del Pleno. Otra vez, en plena puerta del salón le impidieron el paso.
Mantuvo el tipo. Aguantó hasta que un grupo de diputados apareció, dialogó con ella y le pidió esperar. Lo hizo.
Con el rostro maquillado, sus expresiones eran mínimas.
Volteaba a todos lados, fijaba la mirada en ciertos diputados y apenas descansaba en una de las butacas destinadas al público general, ya dentro del salón.
Estaba tensa. Su espalda, recta, tocó sólo en algunos momentos el respaldo de la butaca. Quería dar la imagen de firmeza.
Al frente, el abogado Filiberto Ruiz -quien ni siquiera tiene cédula vigente-, que fue designado por Vizcarra como representante de confianza ante el Legislativo, revisaba los legajos judiciales colocados en su mesa de paño verde.
Morboso habría sido el encuentro entre Ruiz y el procurador Tomás Coronado, pues en una conferencia de prensas hace meses el defensor de Vizcarra llamó "pendejo" al Procurador.
Quien esperó ver un puro humeante en los pasillos del Congreso se quedó con las ganas. Diego Fernández de Cevallos, que se presume presta sus servicios legales en defensa de Vizcarra, no apareció.
En el otro extremo del salón, Jorge David Delgadillo, subprocurador A de la Procuraduría estatal, cruzado de brazos, estaba apenas entretenido.
Delgadillo fue enviado por Coronado en su representación y como parte de su estrategia para hacer frente al caso. El Procurador resguardó su imagen y mandó a quien es uno de los que más conocen sobre la trama que envuelve al Alcalde de Tonalá.
Mientras, Ana Delia García observaba sus uñas blancas con puntos brillantes. Ni esas largas uñas eran suficientes para aferrarse al pasado. Todo parecía consumado.
+ Les estorbaba a él y al secretario para
manejar el negocio ilegal de maquinitas
Guadalajara, Jal. 20 diciembre (Reforma).- El Alcalde de Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga fue desaforado esta madrugada por el Congreso del Estado, ante la petición de la Procuraduría Estatal de Justicia que lo acusa de homicidio, asociación delictuosa y abuso de autoridad.Veinticuatro de los 25 diputados presentes con derecho a voto aprobaron la procedencia del juicio penal en contra de Vizcarra Mayorga, quien según el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dejó de ser alcalde al momento de la aprobación.
Los diputados del PRI, PAN y PRD autorizaron el desafuero, sólo el diputado de Nueva Alianza, Guadalupe Madera Godoy se abstuvo.
La sesión en la que se le quitó el fuero al Alcalde se alargó durante siete horas por la lectura de las conclusiones y los alegatos, que en conjunto sumaban más de 450 hojas.
Con la excusa de que no se le notificó personalmente, Vizcarra Mayorga no se presentó a la audiencia y en su lugar designó a su esposa Ana Delia García García como su representante personal, y al abogado Filiberto Ruiz Gómez como su representante legal.
Después de conocer el fallo del Congreso, la esposa del panista dejó el Palacio Legislativo sin hacer declaraciones. Antes del fallo, la madre del ex Presidente Municipal, Enedina Mayorga Ávila juntó a un grupo de manifestantes que se encontraba afuera del Palacio Legislativo, para rezar una oración que iluminara a los legisladores.
En el entorno de Vizcarra Mayorga reconocen que se encuentra ya en un lugar donde difícilmente será apresado.
La Procuraduría General de Justicia del Estado lo acusa de haber planeado y orquestado, junto con otras tres personas, el asesinato de Carlos Romo Guízar, quien se desempeñaba como director de Mejoramiento Urbano en el ayuntamiento de Tonalá y se hizo compadre de Vizcarra Mayorga una semana antes de morir.
Las investigaciones concluyeron que Romo Guízar fue asesinado porque estorbaba al Alcalde y al secretario general del Ayuntamiento, Ricardo Sigala Orozco, entre otros funcionarios, en el negocio que tenían para permitir trabajar máquinas tragamonedas sin permiso federal, dejando fuera al occiso, quien los habría amenazado con denunciarlos.
El panista ha negado con insistencia todas las acusaciones y asegurado que no participó en la reunión donde presuntamente se planeó el asesinato.
Vizcarra Mayorga cumpliría el 1 de enero un año en el cargo.
La Comisión de Responsabilidades del Congreso local aprobó el lunes pasado el dictamen que solicitaba a la Asamblea aprobar el desafuero de Vizcarra Mayorga.
De los 40 legisladores que integran el Poder Legislativo, sólo 27 estaban en posibilidad de votar el dictamen, ya que los 13 restantes forman parte de la Comisión Dictaminadora y debieron excusarse.
Se escuda en esposa
Debió haber rendido ayer el informe del DIF Tonalá, pero lo canceló. Había que estar hasta el final con la causa de su esposo. Así lo hizo. Dio la cara, la que Jorge Vizcarra Mayorga no presentó en el Congreso del Estado.
Ana Delia García, cónyuge del alcalde de Tonalá, mantuvo ayer el temple frente a la adversidad de una derrota anunciada.
Sí, ayer era su día de protagonismo, pero debía entregar cuentas en el DIF, no encabezar frente a las cámaras la resistencia de su esposo.
Vivió momentos difíciles. Sus problemas comenzaron en la banqueta del Congreso. García no podía entrar.
Los cuatro policías que resguardaban la entrada principal le marcaron el alto. Primero exigió, después casi en tono de súplica pidió el acceso: "Legítimamente soy la esposa", les dijo a los uniformados.
Celular en mano realizó varias llamadas. Buscaba entrar, pero también entregar en la oficialía de partes del Legislativo una "carta poder" en donde Vizcarra le otorgó amplias facultades para hablar en su nombre y defenderlo.
Su representación jamás fue ejecutada con insultos o desesperación. Recién entregó la carta, señaló que su esposo no había recibido una notificación personal ni citatorio para acudir ayer al Congreso.
No había duda en qué calidad llegaba, pero lo espetó a quienes le escuchaban, como para reafirmarlo: "Aquí estoy, estoy de pie. Estoy como su esposa, como la madre de sus cuatro hijos".
Sin titubear caminó rumbo al recinto legislativo, donde se realizaría la sesión del Pleno. Otra vez, en plena puerta del salón le impidieron el paso.
Mantuvo el tipo. Aguantó hasta que un grupo de diputados apareció, dialogó con ella y le pidió esperar. Lo hizo.
Con el rostro maquillado, sus expresiones eran mínimas.
Volteaba a todos lados, fijaba la mirada en ciertos diputados y apenas descansaba en una de las butacas destinadas al público general, ya dentro del salón.
Estaba tensa. Su espalda, recta, tocó sólo en algunos momentos el respaldo de la butaca. Quería dar la imagen de firmeza.
Al frente, el abogado Filiberto Ruiz -quien ni siquiera tiene cédula vigente-, que fue designado por Vizcarra como representante de confianza ante el Legislativo, revisaba los legajos judiciales colocados en su mesa de paño verde.
Morboso habría sido el encuentro entre Ruiz y el procurador Tomás Coronado, pues en una conferencia de prensas hace meses el defensor de Vizcarra llamó "pendejo" al Procurador.
Quien esperó ver un puro humeante en los pasillos del Congreso se quedó con las ganas. Diego Fernández de Cevallos, que se presume presta sus servicios legales en defensa de Vizcarra, no apareció.
En el otro extremo del salón, Jorge David Delgadillo, subprocurador A de la Procuraduría estatal, cruzado de brazos, estaba apenas entretenido.
Delgadillo fue enviado por Coronado en su representación y como parte de su estrategia para hacer frente al caso. El Procurador resguardó su imagen y mandó a quien es uno de los que más conocen sobre la trama que envuelve al Alcalde de Tonalá.
Mientras, Ana Delia García observaba sus uñas blancas con puntos brillantes. Ni esas largas uñas eran suficientes para aferrarse al pasado. Todo parecía consumado.
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