En busca de encontrar de nuevo una salida conciliada y acorde a los intereses de Jalisco al tema del trasvase de agua del río Verde hacia la ciudad de León, Guanajuato, ayer se reunió el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, con miembros del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, quienes han manifestado públicamente su oposición al proyecto por considerar que provocará un colapso ambiental y social en una zona de por sí estresada por la falta del recurso: Los Altos de Jalisco.
El mandatario les presentó a los vocales del cuerpo consultivo el informe preliminar de una “tercería” que ya realiza la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), la cual ha recabado información tanto entre el sector oficial –que promueve el proyecto presa El Zapotillo y acueducto a León- como en la sociedad civil alteña, la academia y las organizaciones ecologistas locales y estatales, en una reunión al mediodía, en Casa Jalisco.
La meta es que esto derive en la realización de un balance hidrológico que sea la base de la toma de decisiones: si se demuestra lo que el observatorio apunta, de que no se trata de una cuenca excedentaria y se dañaría la economía de casi un millón de jaliscienses si se entregan 119 millones de metros cúbicos anuales a la urbe industrial de El Bajío, el mandatario deberá actuar en consecuencia. Al balance hídrico se deberán agregar componentes esenciales como la visión preventiva del cambio climático –la demarcación padecerá con especial fuerza ese fenómeno, de acuerdo a las previsiones científicas- y la necesidad de un ordenamiento territorial con base en la disposición y la preservación del agua.
La misión de Unops la encabeza Alejandro Rossi, asesor de medio ambiente en América Latina y el Caribe, como jefe de misión.
Los integrantes de la misión han hablado con los actores del conflicto: Comisión Estatal del Agua (CEA), Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Ayuntamiento de León, Guanajuato, y su organismo operador; presidentes municipales de Mexticacán, Yahualica, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Unión de San Antonio; el propio Observatorio Ciudadano para la gestión Integral del Agua de Jalisco y sus Municipios, así como cúpulas empresariales: industriales (CCIJ), comerciantes (Canaco) y patronales (Coparmex).
Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, presidente del observatorio, puntualizó tres acuerdos: “primero, el gobernador dará respuesta a las recomendaciones, tomando en consideración que no son preguntas, sino acciones a emprender; segundo, que el gobernador defenderá los intereses de Jalisco, garantizando también el agua en el campo y no se permitirá que otro estado incremente sus reservas a costa del sector agropecuario nuestro, y tercero, que la participación de Unops será para contar con una tercera opinión en el tema del trasvase”.
De este modo, la instancia ciudadana “observará la actuación de este organismo y sus trabajos, quienes presentarán a inicios de enero una ruta crítica de los alcances de sus trabajos”, añadió.
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