Por Luis Arturo Martín Franco
Lo que sí podemos afirmar es que ya son varios
años que la obra pública es construida por constructoras afines a los
funcionarios.
Pocas veces, en los años recientes, se licita
públicamente, ya que las obras se subdividen en montos permitidos por la ley
para dar la obra directamente a la constructora que conviene a algunos
funcionarios.
En el mejor de los casos, se licita por
invitación, pero ya están de acuerdo en la mayoría de los casos, de a quién
podrían asignársele.
Parece que no hay institución que defienda los
intereses de sus agremiados o, por temor a posibles represalias, no se quiere
señalar, para no sufrir veto por parte de las autoridades.
Existen muchos programas federales y estatales
que destinan recursos a Infraestructura, a Salubridad, a Educación y a otros
sectores, con cantidades cuantiosas que, en muchos casos, queda en el camino de
los altos porcentajes para “gestores” sin justificación.
Sabemos que México tiene mucha riqueza, pero a
este ritmo de saqueo, ¿cuántos años aguantaremos?
Estamos dejando pasar años sin que los políticos
corruptos sean juzgados o castigados.
Si en una empresa alguien comete un hurto, lo
mínimo que sucede es el despido justificado; además de alguna sanción penal.
Entre los políticos parece que el que más
abusa es el más inteligente, además de tener “más poder”.
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