Refutó todas
• No se incurrieron en irregularidades, asegura el ex presidente municipal
• Si hay pruebas de fraudes o malos funcionarios, que los denuncien, dice
• Algunos de los actuales funcionarios ya hicieron de las suyas en 2009-2012
7 días.- El ex presidente municipal, Jorge Eduardo González Arana, refutó la mayoría de los señalamientos hechos por el actual alcalde Hugo Bravo Hernández, asegurando que se trata de mentiras o hechos que no fueron culpa de la administración anterior, además de conminar al primer edil de presentar pruebas y no solamente acusar y que incluso debería acudir a instancias superiores como la Fiscalía para hacer la denuncia correspondiente.
En rueda de prensa que tuvo lugar el jueves por la mañana, González Arana, acompañado por alguno de sus ex funcionarios, se condujo por bloques de la administración municipal en el mismo orden en que el ayuntamiento de Hugo Bravo hizo los señalamientos.
Respecto a las finanzas del municipio, Jorge Eduardo se dijo extrañado de la afirmación del actual tesorero respecto a que no hay certeza presupuestal (donde se daba a entender que se podrían perder recursos o bien no existir estos), explicando que la única deuda que se dejó fue de 193 millones de pesos, correspondientes a la obra del acueducto, que desde el trienio antepasado se había dicho que tendría un costo de 500 millones de pesos; “no es para nóminas ni para gasto corriente, no hay deudas de ese tipo”, atajaba el que fuera primer edil.
Respecto a perder el apoyo del gobierno federal los recursos para la modernización catastral, ya es responsabilidad de este ayuntamiento cumplir con los requisitos que pide el INEGI, no del anterior.
En lo tocante a Seguridad Pública, González Arana desmintió que el anterior titular no haya entregado la dirección, pues ésta recaía en manos de Héctor Preciado, administrativo y no del director operativo Octavio García. Eso lo supo en todo momento el actual jefe Juan José González.
Y respecto al estado de las patrullas y del edificio de la comandancia, el ex alcalde señaló que cuando él tomó cargo de la presidencia en 2012, precisamente fue Juan José quien se desempeñaba como comisario con Cecilia González, entregando una corporación todavía en peores condiciones y durante el trienio pasado se dedicó a mejorar la comisaría y a equiparla.
“Entrando tuvimos que comprar siete motores nuevos para patrullas, porque estaban desbielados por falta de mantenimiento, así lo determinaron peritos forenses y hay un acta de eso”, agregó el ex alcalde panista.
También acusó a González de Alba de entregar información incompleta en 2012, lo que hizo que se perdieran recursos del Subsemun para el municipio, además de estar recontratando policías que fueron dados de baja en la pasada administración por mala conducta o incurrir en actos deshonestos.
Sobre la renuncia de 26 elementos que se regresaron a Guadalajara o Zapopan, González Arana señaló que se trataba de escoltas del entonces director y sub director, gente de la confianza de ellos y que simplemente ya no tuvieron cabida en la corporación de Tepa cuando los mandos debieron dejar el cargo y respecto a oficiales que cobraban doble sueldo, tanto en el municipio alteño como en la metrópoli, el ex alcalde invitó a Hugo Bravo que si sabe de casos específicos, que haga la correspondiente denuncia.
Responsabilidad de los actuales
En temas de la Sindicatura, negó que sean culpa del trienio anterior los señalamientos del gobierno estatal y riesgo de sanciones por el terreno del ex basurero de Los Sauces, pues se hicieron al menos 300 viajes para sacar lo que queda de desechos de esa zona, la cual fungió como tiradero durante varios años, aunque no durante la administración pasada.
“Sacamos toda la basura que pudimos de ese lugar, aunque nosotros no la hayamos tirado ahí y si hay alguna multa de la Semadet ya será responsabilidad del actual ayuntamiento, pues le toca a ellos seguir saneando el lugar, no a nosotros que ya ni estamos ahí”, argumentó Jorge Eduardo.
También se mostró extrañado que se haya vuelto a contratar a Beatriz González, ahora como asesora del DIF, pues hace tres años fue despedida del mismo por acusación de robo y hasta una denuncia se hizo ante el Ministerio Público. El ex edil supone que dicha mujer fue recontratada por la cercanía de su marido con el actual grupo en el poder.
Sobre la dirección de Obras Públicas, Jorge ironizó que el actual titular presuma que se estén ahorrando cientos de miles de pesos en combustible, pues dicho ahorro se está logrando porque las máquinas no están trabajando y están paradas por falta de obra. También desmintió que se haya dejado un parque vehicular en mal estado, pues se están refiriendo a automotores ya dados de baja y que siguen en el taller municipal para surtir de piezas a vehículos y máquinas que todavía funcionan.
Aclaró además que se ahorraron al municipio 600 mil pesos mensuales a perpetuidad, modificando el trazo del acueducto y haciéndolo pasar por predios privados y no por el derecho de vía de la autopista como estaba planeado originalmente.
Negó también el mal trazado del Circuito Interior en su entronque con Anacleto González, pues en esa zona se tuvo que modificar la vialidad por la negativa de un particular de vender parte de sus propiedad para hacer bien la vía y aparte lamentó que la ciclovía del Camino a Santa Bárbara se cancelara, por caprichos de la actual autoridad, para llevar los recursos a una zona donde casi nadie saldrá beneficiado.
“Que la ciclovía iba a invadir predios privados, pues iba a ir por la calle, no por los fraccionamientos aledaños, ¿por dónde pasan las ciclovías? por la calle”, ironizaba el ex presidente.
Los otros temas
Llegó el turno de aclarar lo dicho por la Oficialía Mayor y rechazó que se hayan dado bases ilegales a trabajadores del municipio a discreción, pues todas estas bases se otorgaron sobre plazas ya existentes y esto no lo prohibe la ley. Asegura que se basificó a empleados que ya tenían años laborando para el ayuntamiento y en cambio señaló como una falta grave el hecho de hacer firmar al trabajador su contrato y al mismo tiempo su renuncia, como lo hace ahora la actual administración.
Y en cuanto a los supuestos aviadores, Jorge Eduardo invitó al alcalde a que haga públicos los nombres y haga la correspondiente denuncia y no se limite a hacer señalamientos sin ninguna prueba.
Lo mismo va para el supuesto funcionario que cobraba por regularizar predios rústicos, donde el ex edil explicó que esos servicios son totalmente gratuitos, que lo que se cobra es la medición del terreno, avalúo y otros servicios, los cuales son proporcionados por particulares pero volvió a conminar a Hugo a que diera el nombre del trabajador de marras y lo denunciara penalmente.
Palabras similares tuvo para las supuestas anomalías y faltantes en Servicios Médicos y el sistema DIF.
Una mención aparte fue para el actual contralor Ismael Alvarado, a quien calificó de “todólogo”, de estar mal informado y de carecer de fundamento todas sus acusaciones. Como ejemplo puso el tema de la grúa municipal, que en documentos consta que fue vendida a una empresa particular en 185 mil pesos, luego de un avalúo forense.
Argumentó la venta de la grúa al decir que el municipio no tiene las facultades de arrastre o rescate de vehículos y por eso se invitó a varias empresas para ofrecerla en venta, interesándose una de ellas, que pagó lo estipulado por el Forense y el dinero entró a las arcas municipales y todo se encuentra debidamente documentado.
Sobre el estado físico de los vehículos aseguró que se hicieron importantes inversiones para rescatar la mayor cantidad de automotores posible, pues mucho de ellos habían sido dejados inservibles por la administración de Cecilia González. También refirió que sea falso que existan más de 60 vehículos destinados a la Seguridad Pública y la mayoría de ellos estén fuera de servicio, señalando que esa cifra estaba inflada y se incluían unidades estatales o ya dadas de baja pero que siguen en el taller municipal.
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