• Es solo recaudatoria, no ambiental, aseguran
Apenas hace una semana se dio a conocer el programa de Verificación Responsable y ya suman 150 las personas que han decidido presentar un juicio de amparo en contra de este programa, y aunque estos amparos han sido de la zona metropolitana, la idea ahora es que en los próximos días, puedan abrirse espacios en las regiones de Jalisco, señaló Jorge Carlos Ruiz, contralor ciudadano independiente.
Al considerarlo “inconstitucional”, “recaudatorio” y “abusivo”, varios automovilistas de Guadalajara realizaron el trámite de juicio de amparo, por lo que ahora, de acuerdo a Carlos Ruiz, intentan abrirse espacios en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ameca, Autlán y Ciudad Guzmán.
Aunque aún no se tiene definida una fecha para estas ciudades; fueron los automovilistas de estas regiones quienes solicitaron a las asociaciones Contraloría Ciudadana Independiente y Opinión Ciudadana, que vayan a esas ciudades, pues allí también hay rechazo al programa de verificación vehicular, aunque también se pueden presentar los juicios de amparo en Ciudad Judicial, llevando la copia certificada de la tarjeta de circulación, una identificación oficial y nueve copias del juicio, la fecha límite para llevarlos será hasta el próximo 20 de agosto.
Sin talleres en la Región
Los automovilistas que habitan en la región de los Altos y en el resto del interior del Estado, tienen, además, otro problema con la verificación, y es que no hay centro de verificación en las ciudades medias, por lo que tendrán que desplazarse a Guadalajara a realizar sus pruebas, o bien tendrán que buscar un permiso de 20 días para poder circular en la ciudad.
Esto será un problema, ya que en la zona metropolitana solo hay tres verificentros y no podrán con el parque vehicular de Jalisco, que suman más de tres millones de vehículos.
La Asociación de Talleres de Jalisco calificó como una “simulación” el plan de Verificación Vehicular Responsable del Gobierno del Estado, y acusó de sólo cumplir los compromisos económicos con los empresarios que invirtieron en los centros de verificación, lo que consideraron como un tema recaudatorio más que un tema de medioambiente. Ellos también tramitarán un amparo colectivo para evitar este procedimiento.
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