No hay peor secreto que el compartido.
Han pasado dos semanas y aún no saben cómo
resolverán el tema del jineteo de las tarjetas de crédito usadas para pagar el
impuesto predial de cientos de tepatitlenses.
Este jueves los regidores priístas lo subieron
a tema de Ayuntamiento, para que conste en Actas y que a la postre se sepa de
los malos manejos de una oficina que tuvo el cobijo de “alguien” para operar
chuecuras a cambio de gozosas prebendas bancarias.
Los regidores echaron el caballo al alcalde
pidiendo que se retiren de sus encargos el jefe de Catastro, el de Ingresos y
el Tesorero “en tanto se investiga y se deslindan responsabilidades”. La
respuesta del alcalde fue contundente: “Vamos a llegar al fondo del tema y
vamos a castigar a quien se compruebe que tuvo la responsabilidad. Yo no voy a
ser tapadera de nadie”.
Y es que
Jorge Eduardo González sabe que este “pequeño” incidente se le puede volver una
enorme bola de nieve. Se presume peculado, se presume fraude, se presume desvío
de recursos y también desfalco.
Se presumen
muchas cosas, pero deberán ser las autoridades quienes deslinden
responsabilidades.
Lo curioso
del tema es que hasta ahora sólo hay versiones extraoficiales, como las que
aquí le planteamos hace una semana. No hay nada nuevo, excepto los antecedentes
laborales de los cuatro despedidos con aspecto de renuncia.
Aquí hay
muchas dudas que saltan y pueden, al irse aclarando, que salpiquen a varios
funcionarios que, en los últimos años han dicho que son “incorruptibles”, “intachables”.
Las dudas
son amplias y variadas: ¿quién es el encargado de revisar los ingresos del
municipio?, ¿quién es el responsable de controlar los recursos (económicos,
materiales, financieros, humanos) del Ayuntamiento?, ¿por qué se dieron cuenta
a seis meses de iniciada esta triangulación?,
¿por qué ahora pretenden hacer ver la denuncia como tema partidista?
Las dudas
se amplían a las arenas personales de los involucrados: ¿quién les invitó a
trabajar?, ¿a quién le reportaban?, ¿de
quiénes eran las tarjetas que usaban para pagar las cuentas que dejaban
abiertas?, ¿por qué no han señalado al mensajero que hacía los depósitos?, ¿la
denuncia se hace por encontrar desvíos o porque no les cumplieron los
beneficios de los “puntos” de la tarjeta?
Y el alcalde
repartió la culpa, más allá de la gorda, fea e inoperante burocracia: “¿por qué
el banco no reportó esos incidentes durante seis meses?”.
En fin,
este tema huele a corrupción.
Usar dinero
del pueblo para provecho personal es peculado.
Jinetear,
aunque sea por horas, el dinero del municipio a las cuentas personales, es
desvío de recursos.
El cobro
que aplica el Banco al Ayuntamiento por comisiones de pagos electrónicos (casi
40 mil pesos) es fraude.
Bueno, esas
son presunciones, porque la autoridad judicial deberá hacer los deslindes.
Claro, si
el Gobierno presenta querella. Si los panistas van al tribunal a pedir sanción
por esos presuntos delitos.
Si no
presentan denuncias, entonces, no habrá nada qué perseguir. Con las “renuncias
voluntarias” quedará cerrado el círculo y, lo dejaremos al olvido.
Si el
alcalde no quiere broncas con la militancia panista, lo dejará por la paz.
Si el
alcalde no quiere broncas con la población, buscará clarificar el tema y
sancionar a los responsables.
Si Jorge
Eduardo quiere hacer su propia trayectoria política, deberá honrar por partida
doble su palabra: “Protesto cumplir y hacer cumplir la ley…”; y “Yo no soy
tapadera de nadie”.
…y si no, que el pueblo se lo demande.



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